Entendiendo que los partidos políticos son la principal instancia por la cual se puede incidir directamente en el proceso constituyente, es necesario considerar que solo un 1,3% de las mujeres que viven en territorios rural-urbanos pequeños aseguró pertenecer a un partido político, mientras que la participación revelada por los hombres, si bien también es bajísima, es el doble de la participación de las mujeres.
Por David López, investigador de Rimisp
Chile está ad portas de iniciar un proceso constituyente. Dependiendo de los resultados del plebiscito del 25 de octubre, los ciudadanos y las ciudadanas del país podrían darle inicio efectivo a la redacción de una nueva Carta Magna a través de una convención exclusivamente elegida para aquello, con al menos la mitad de sus participantes provenientes de la ciudadanía, tanto militantes de partidos como listas de independientes. Además, gracias a una reciente reforma constitucional, la elección de los integrantes del órgano encargado de redactar la nueva Constitución tendrá que cumplir con reglas de paridad de género.
Sin embargo, estas reglas no aseguran necesariamente la participación de las mujeres rurales ni la representación de sus intereses. Desde una perspectiva interseccional, entendemos que las mujeres rurales poseen experiencias de vida distintas a las de las mujeres urbanas, las cuales se encuentran cruzadas por el territorio que habitan. Esta determinación espacial define oportunidades y restricciones para el goce de sus derechos. Determina, por ejemplo, aspectos como la relación con el trabajo, los cuidados y el medio ambiente. Incluir a las mujeres rurales en el proceso de redacción de la nueva constitución fortalece el potencial democrático de este proceso, al permitir la entrada de estas experiencias de vida a la deliberación política.
Pero, ¿existen condiciones reales para que las mujeres rurales puedan participar de este proceso? En principio sí, especialmente gracias a las reglas de paridad de género incluidas en el proceso. Pero debemos tomar en cuenta las desigualdades en participación política entre las mujeres de distintos territorios del país.
A pesar de las reglas para la inclusión de independientes, los partidos políticos son el espacio de participación que más facilita la incidencia en el proceso. En base a los datos del Observatorio de Género, Mujeres y Territorios, los hombres en Chile tienden a participar más que las mujeres en partidos. Solo un 1,3% de las mujeres encuestadas en territorios pequeños y más rurales aseguraron [F1] pertenecer a un partido político. La participación revelada por los hombres, si bien también es bajísima, es el doble de la participación de las mujeres.
Esto no significa que las mujeres no se organicen, por el contrario, la participación femenina se da en otros espacios. Por ejemplo, según nuestros datos, las mujeres participan un 15,7% más que los hombres en juntas de vecinos, y esta diferencia llega a 26,5% en los territorios más pequeños. En la misma línea, reconocemos el liderazgo de las mujeres y sus organizaciones en las luchas por la defensa de los territorios. De hecho, el rol de activistas mujeres en la defensa de la vida rural las ha puesto en riesgo, como nos recuerda el caso de Macarena Valdés, la muerte de las mujeres mapuche Nicolasa Quintremán o, más recientemente, Iris Rosales y Rosa Quintana en el contexto de los conflictos con el Estado por la reivindicación de su territorio ancestral.
Desde una mirada más esperanzadora, el trabajo de mujeres rurales organizadas, como los movimientos de mujeres en Quintero y Puchuncaví, Elqui, y el trabajo de organizaciones como la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI), han permitido visibilizar y concientizar sobre las problemáticas de territorios intermedios y rurales, muchas veces ignorados por el sesgo urbano imperante en la política y los medios de comunicación. Estos movimientos y organizaciones han permitido a las mujeres participantes construir redes de apoyo y establecer alianzas a favor de un desarrollo más equitativo en sus territorios.
Son estas perspectivas las que necesitan ser representadas en el proceso constituyente. La experiencia y labor de defensa de los medios de vida rurales, representados en las luchas de estas mujeres, son una contribución fundamental para determinar las reglas políticas básicas de una república que se considere a sí misma como democrática y que pretenda plantear un modelo de desarrollo que no deje atrás ni a territorios ni a personas. Por tanto, debemos hacer todos los esfuerzos posibles, desde la sociedad civil, para promover la participación activa de las mujeres rurales y la representación de sus intereses en el proceso, informando, apoyando y entregando herramientas que hagan que esta participación sea efectiva.